Principio de Alternatividad de La Pena en La Ley De Justicia Y Paz En Relación Con El Principio De Proporcionalidad De La Ley Penal

Con la promulgación de la Ley 975 de 2005 – Ley de Justicia y Paz, se desarrolla el marco de Justicia Transicional en Colombia, el cual tiene por objeto facilitar el regreso a la vida civil, de actores del conflicto pertenecientes a grupos creados al margen de la ley y los cuales cometieron hechos punibles durante y con ocasión al tiempo que pertenecieron al mismo, y así contribuyan a garantizar los derechos de las víctimas como lo son a la “verdad, la justicia y la reparación”. En la mencionada ley, se consagro la aplicación de la pena alternativa como un beneficio que permite la suspensión de la ejecución de la pena principal impuesta atendiendo al principio de proporcionalidad de la ley penal, beneficio alcanzado por su colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización, entre otros requisitos de ley. Es así como la Ley de Justicia y Paz, se constituye en el marco a seguir para lograr una justicia transicional en Colombia, en donde el postulado se hace merecedor de una pena aplicable entre cinco y ocho años de prisión, siendo la misma poco concordante con el principio de proporcionalidad al no existir una relación justa o de causa-efecto entre los hechos ocurridos, la gravedad y el contenido resolutorio de las sentencias en cuanto a dosificación de la pena se refiere y que son emitidas por un “Tribunal Superior de Distrito Judicial” en su “Sala de Justicia y Paz”. En ese sentido es posible inferir que existe un contrarresto del principio de proporcionalidad señalado en la ley 599 de 2000, por la aplicación del principio de alternatividad de la ley 975 de 2005, hecho que pudiese afectar la validez de la aplicación de este último y que analizamos a partir de la promulgación de la norma y las sentencias emitidas entre los periodos 2012 y 2016; para lograr este cometido abordamos las condiciones de validez de la norma que expone la corriente kelseniana, el enfoque axiológico de la validez desarrollada por la corriente neo constitucional e iusnaturalista , y que nos permite definir el concepto de valor predominante que debe tener en cuenta el juez al momento de tomar una decisión, donde su principal representante es Ronald Dworkin y la exposición de la “teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy” luego que la misma desarrolla una serie de leyes que permiten integrar la visión del derecho desde el plano normativo y moral. Ambas permitirán valorar la aplicación de una norma justa o injusta como lo puede ser la “Ley de Justicia y Paz” al discrepar con la tipicidad de las conductas que señala el código penal o lo que es lo mismo, una posible discrepancia entre normas y principios que contiene el ordenamiento jurídico colombiano. El enfoque metodológico es cualitativo, acudiendo a la técnica de recolección de información documental, analizando la aplicación de los principios y su respectiva pena, en diferentes sentencias emitidas por Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el análisis de valoraciones realizadas por expertos en diferentes investigaciones en materia de procesos de Justicia y Paz a nivel nacional e internacional, referentes doctrinales como son Kai Ambos, Rodrigo Uprimny y César Augusto Londoño. Su resultado nos permite caracterizar situaciones, como que los postulados pertenecieron a grupos paramilitares organizados en diferentes frentes o bloques los cuales se acogieron a la ley entre los años 2005 y 2006, que algunas de las conductas cometidas tuvieron que ver con delitos “contra la vida y la integridad personal, delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad individual y otras garantías y delitos contra la seguridad pública” (Ley N°599, 2000), que por sus conductas se les aplico entre 5 y 8 años de prisión y que atado a su compromiso estuvo la resocialización, realizando actividades de trabajo y estudio, además de promover la desmovilización de grupos armados. Comentado lo anterior en el presente trabajo se permite concluir que la alternatividad beneficia a los postulados, respecto del castigo que deben cumplir, garantizando la culminación de su situación legal tasada en corto tiempo, luego de cumplir otros requisitos, pero no garantiza para las víctimas desde la sentencia condenatoria sus derechos principales, situación de control importante, pues pasados varios años desde la expedición de la ley (2005), muchos excombatientes beneficiarios, están quedando en libertad, y poco se sabe sobre el alto grado de cumplimiento de los requisitos, pues su medición termina siendo subjetiva Esta falta de garantías a las víctimas, nos ha llevado a considerar que existe un contrarresto del principio de proporcionalidad, aunado a la dosificación de pena, la cual conforme fue estipulada en la ley, la misma no consulta la conducta cometida y su gravedad, clave para entender que no existen criterios de validez jurídica para que se aplique la ley, desde la teoría de Dworkin y Alexy. Para finalizar, se ha propuesto crear una corta solución jurídica que ajuste a las prácticas del derecho de los profesionales, de tal manera que se contribuya la consecución de la paz y la desmovilización de grupos armados, que no atente, así lo consideramos, al principio proporcionalidad, dicha propuesta se resume en el reconocimiento de beneficios para todos los actores, los cuales deben someterse a la justicia sin ninguna condición, tasar la pena en una cantidad de años no inferiores a 30 y en la medida en que sea efectiva la contribución del postulado con la justicia podrá alcanzar la suspensión de otra parte de la pena, lo anterior significa señalar una pena alternativa con un techo más alto y que cumpla con los requisitos de elegibilidad de la ley penal.Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídica

Las víctimas y el reconocimiento de su participación en el Proceso Penal Acusatorio

Desde el punto de vista legislativo, tenemos que nuestra legislación penal ha instituido y definido el concepto de víctima, pero en el proceso penal sus derechos y oportunidades están descritos en el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, sistematizando los mismos en el derecho a la verdad, derecho a que se haga justicia y derecho a la reparación, derechos que le permiten su participación en forma directa dentro del proceso desde la indagación hasta el juicio oral, sin desplazar a la Fiscalía. Posteriormente, en el incidente de reparación integral cobra importancia como mecanismo procesal encaminado a que la víctima obtenga la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito, dentro del cual se intentan los mecanismos de justicia restaurativa. Bajo el esquema de justicia y paz acogido por Colombia mediante la Ley 975 de 2005 y modificado en la reciente Ley 1595 de 2012 adquiere relevancia el concepto de justicia transicional que atiende a la necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en aquellas sociedades en situación de conflicto, pero que a la vez pretende responder, aun en estas circunstancias, al imperativo de enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y lograr el esclarecimiento de la verdad. Todos estos temas serán abordados en profundidad en la presente investigación

Reflexiones en torno a la justicia transicional y sus implicaciones respecto a los niños, niñas y adolescentes en el posconflicto

22 p.La justicia transicional ha sido considerada por diversos autores como uno de los sistemas mediante los cuales se lograría satisfacer la pretensión de justicia que tienen las víctimas de un conflicto, sin poner en riesgo la finalización de este por la vía diplomática. Ella implica una combinación entre justicia retributiva y justicia restaurativa; es decir, se compone de elementos tanto coercitivos como de procedimientos o medios restaurativos, mejor conocidos en el medio como mecanismos alternativos para la solución de conflictos (MASC). Con el ánimo de sentar las bases para una paz sostenible, organizaciones nacionales e internacionales y las altas cortes colombianas, especialmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se han pronunciado y generado una amplia línea jurisprudencial acerca de la justicia restaurativa, al identificar los elementos que la componen y sus características, con miras a una resiliencia con los integrantes de los grupos armados. Este proceso se remonta a los diálogos de paz previos y particularmente a ‘Justicia y Paz’, con el dejamiento de las armas por parte de los paramilitares.Este trabajo hace parte del resultado de investigación en justicia transicional del proyecto “Nueva criminalidad y control” del grupo de investigación de derecho penal Conflicto y Criminalidad, de la Universidad Católica de Colombia en conjunto con el proyecto “Análisis de la justicia transicional en el marco jurídico colombiano”.Introducción Noción y concepto de justicia transicional La justicia transicional en Colombia Implicaciones de la justicia transicional en y para los niños, niñas y adolescentes (NNA) Conclusione

Enfoque diferencial de edad en la política de reparación individual dirigida a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia

Teniendo en cuenta que la reparación es un derecho con características particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigación revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta política en Colombia. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la legislación internacional, legislación nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparación Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparación desde una visión subjetivista de los derechos humanos, entendiéndola no solo como una obligación del Estado sino como un derecho en sí mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la política concibiéndolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prácticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemonía del discurso adultocéntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparación integral de la infancia y la adolescencia en la formulación y ejecución de la política pública y contribuye para que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseñados para tal fin en Colombia

Memoria y reparación: el camino de la justicia transicional para las víctimas

13 p.La memoria, la reparación y el derecho a la verdad son elementos esenciales para el desarrollo de la justicia transicional. Esta contribución académica busca plantear la importancia de la memoria en la historia del conflicto armado colombiano, como elemento que garantiza a las víctimas una reparación integral dentro de la justicia transicional. La memoria, la verdad y la reparación no pueden desligarse, pues, a la luz de los derechos humanos, son el mejor camino para la construcción del respeto y las garantías judiciales, y para llegar a descifrar la dinámica histórica del conflicto armado. Esta visión de la memoria para esclarecer la verdad permitirá comprender por qué la narración histórica de los hechos sucedidos es necesaria para una reparación integral. Este artículo, en su parte introductoria, abordará el concepto de justicia transicional desde una perspectiva del derecho interno y del derecho internacional de los derechos humanos. En la segunda parte se abordarán la memoria, la reparación y la verdad, para luego dar paso a las consideraciones finales.Este capítulo es resultado del proyecto de investigación “La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto”, que hace parte de la línea de investigación Fundamentos e implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia; en conjunto con el proyecto “Análisis de la justicia transicional en el marco jurídico colombiano”, de la Universidad Católica de Colombia y la investigadora visitante de la Universidad de Barcelona.Introducción La memoria en la justicia transicional Conclusione

Menores desmovilizados de los grupos armados víctimas del conflicto

Analizado el origen de los grupos armados al margen de la ley en Colombia, la intervención de los menores en sus filas y el conflicto interno colombiano, así como el tratamiento punitivo que la ley y la jurisprudencia les ha dado, se determinó si es posible y conveniente reconocer como víctimas a los menores desmovilizados, para poder dar una respuesta al interrogante planteado. Determinando el tratamiento dado en el marco de la actual política gubernamental, de guerra, por las altas cortes colombianas, ya que para algunos es constitucionalmente conveniente mientras que para otros, con esta decisión se vulnera el derecho a la protección integral prevalente de la infancia, pues, la despenalización incentiva a la utilización de los menores para la guerra

Retos institucionales para la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras en el Departamento del Putumayo: balance y perspectivas

104 páginas y anexosIn the framework of the law on victims and land restitution (Act 1448 of 2011) the investigation shows the difficulties in the implementation of this public policy in the department of Putumayo, taking into account the proposed model for Nation and Territory relationship, the coordination and articulation between the entities of the national order and their regional counterparts and in particular, the role of the Victims Unit as an entity for the invigoration of the initiative added to the historical institutional gaps and precariousness of the territory, the administrative and technical capacities of the territorial entities (Department and municipalities), the weaknesses wihin the descentralization process, in the midst of the armed conflicto, by taking a balance of the local capacities and the realities of the process, the financial constraints for its implementation, all the elements that together affect the fulfillment of this strategic public policy, for the achievement of an stable and lasting peace in the territory under analysis)En el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras (1448 de 2011), la investigación evidencia las dificultades en la implementación de esta política pública en el departamento del Putumayo tomando en consideración para ello el modelo propuesto de relacionamiento Nación –Territorio, la coordinación y articulación entre entidades del orden nacional y sus referentes regionales y en particular el rol de la Unidad de Victimas como ente dinamizador de esta iniciativa, sumado a las vacíos y precariedades institucionales históricas del territorio las capacidades administrativas y técnicas en las entidades territoriales (gobernación y alcaldías), las debilidades en el proceso de descentralización en media del conflicto armado interno, haciendo un balance entre las capacidades locales y las realidades del proceso, las limitaciones financieras para su ejecución, elementos que sumados afectan el cumplimiento de los propósitos de esta estratégica política pública para el logro de una paz estable y duradera, en el territorio objeto de análisis.Magíster en Gobierno y Políticas PúblicasMaestrí

Jurisdicción especial para la paz: un reto frente a la participación de las víctimas

Artículo de investigaciónLa normativa creada en los últimos años en Colombia encaminada a desarrollar e implementar un modelo de justicia transicional, ha traído consigo una perspectiva transformadora en lo que se refiere a la participación de las víctimas del conflicto armado en los diferentes procesos instaurados. En la actualidad, la implementación del Acuerdo de Paz negociado entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP buscara que el derecho a participar le sea reconocido efectivamente a las víctimas en los procedimientos que serán adelantados a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz, evitando consigo un retroceso en el reconocimiento de los derechos esenciales de dichos sujetos que resultaron afectados por la comisión de graves crímenes cometidos en el país.35 p.Introducción. 1. Derecho a la participación de víctimas como garantía real de la consecución de sus derechos. 2. Derecho a la participación de víctimas en procedimientos de implementación de justicia transicional en Colombia. 3. Análisis de los mecanismos de participación de victimas plasmados en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el componente de Justicia. 4. Retos para garantizar el derecho a la participación de las victimas dentro de los trámites adelantados por la Jurisdicción Especial para la paz. Conclusiones. Referencias.PregradoAbogad

Priorización de casos: una nueva forma de investigación penal

30 p.El principio de priorización fue establecido por el Acto legislativo 01 de 2012 y la Ley 1592 de 2012, dentro del marco de aplicación de la justicia transicional. Su materialización no debe vulnerar los derechos humanos de aquellos que han sufrido los horrores de la violencia de nuestro país. Colombia es un país que, desde el siglo XX, ha sostenido un conflicto armado en el que han intervenido varios actores, entre ellos, los grupos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes (criminalidad organizada y delincuencia transnacional). El Estado ha propiciado diversos escenarios jurídicos con la finalidad de superar el conflicto sin dejar de investigarlos y juzgarlos; por ello, se han creado leyes que incorporan el escenario de la justicia transicional. Tal es el caso de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, que tiene características y finalidades especiales correspondientes a la búsqueda de la paz, la justicia, y la reparación de las víctimas en un marco jurídico exclusivo y transitorio. Traza un procedimiento particular para que las personas que hayan cometido delitos dentro del conflicto armado puedan resolver su situación jurídica con el Estado y se incorporen a la vida civil.Justicia transicional y criterio de priorización Criterios de priorización Desarrollo institucional de la priorización de casos Priorización de casos y justicia ordinaria Priorización de casos y justicia transicional Priorización y Derecho Internacional Fundamentos constitucionales de técnicas de priorización sostenidas por la Fiscalía General de la Nación y su revisión constitucional frente al marco para la paz El principio de priorización desde la representación judicial de las víctimas Conclusione